 |
| Fuente imagen: MusicAlly |
En el mundo de
la música, la reciente transición de BMI de una sociedad sin fines de lucro a
una empresa con propósitos lucrativos está resonado como un giro de 180° en la
filosofía misma de las sociedades de gestión colectiva. Como toda revolución, estos procesos traen
ganadores y perdedores. Esta vuelta de
timón ha generado no solo una reconfiguración en la propia estructura de BMI,
sino también una legítima lista de inquietudes y dudas por parte de uno de los
más importantes stakeholders de BMI: los compositores.
Para entender bien el impacto de
esta jugada, es necesario poner en contexto las cosas. BMI (Broadcast Music, Inc.) fue
fundada en 1939 por un grupo visionario de compositores y editores que buscaban
un enfoque diferente para la gestión de derechos de autor. Entre los fundadores
se encontraban personalidades destacadas líderes de la industria, que tuvieron
la visión de crear una entidad que representara y protegiera los intereses de
compositores y editores de una manera más directa y eficiente que la existente
hasta entonces. BMI adoptó para la época
un enfoque progresista al reconocer y representar una amplia gama de géneros
musicales, incluidos estilos que en ese momento eran menospreciados por otras sociedades
de gestión colectiva (SGC). Este enfoque inclusivo le valió a BMI una
reputación única y sólida en la industria musical.
A lo largo de los años, BMI
mantuvo una estructura única en comparación con otras SGC, pues, a diferencia
de algunas de sus contrapartes, que también operaban como organizaciones sin
fines de lucro, BMI mantuvo siempre una posición de propiedad y operación
privada. En términos de propiedad, los
dueños de BMI son sus miembros: compositores, letristas y editores de música.
Este modelo de propiedad colectiva reflejó siempre el compromiso de BMI con sus
afiliados y su misión de asegurar que los creadores obtengan una compensación
justa por el uso de sus obras.
La esencia del funcionamiento de
BMI radica en la recaudo y distribución de regalías por el uso de la música de
sus afiliados. Tradicionalmente, BMI ha desempeñado un papel crucial en
garantizar que sus miembros reciban una compensación adecuada cada vez que sus
obras se reproducen públicamente, ya sea en la radio, televisión, conciertos en
vivo o plataformas digitales, y que constituye un proceso fundamental para el
bienestar financiero de compositores y editores al permitirles ganarse la vida
con su creatividad.
Por ello, la conversión de un
modelo de propiedad colectiva a una empresa con fines de lucro plantea
legítimas interrogantes sobre cómo este proceso podría evolucionar, y si las
regalías -y no las utilidades- seguirán siendo el motor financiero esencial
para los creadores afiliados a BMI. Sin
embargo, es necesario entender los motivos detrás de esta transformación.
Según Mike O'Neill, el CEO de
BMI, la decisión de adoptar un enfoque más comercial no es caprichosa; responde
a la necesidad de adaptarse a un entorno musical en constante evolución.
La proliferación y auge de plataformas de streaming, dice O’Neil, ha obligado a
BMI a replantear su modelo de negocio para garantizar una compensación justa en
este entorno musical altamente fragmentado.
“Nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer ciertos cambios en la
organización para ser aún más competitivos en el futuro. El viejo modelo nos asfixiaba en términos de
invertir en BMI e invertir para el futuro, y que no podíamos crecer
realmente... al cambiar el modelo, podemos obtener financiamiento, podemos
reinvertir en empresas, podemos beneficiarnos de esas empresas e invertirlas en
beneficio de BMI”, declaró O’Neill a la Revista
Variety el año pasado, al abandonar la idea de vender BMI y concentrarse en
el cambio de rumbo hacia una empresa con fines de lucro.
No obstante, estas sorprendentes
declaraciones prendieron las alarmas de los compositores y gremios
miembros de BMI, que se cristalizaron en una carta
abierta dirigida a O’Neill, en donde dieron vida a sus dudas, miedos y
preocupaciones, al plantear más de una veintena de preguntas cruciales en torno
a cómo la búsqueda de beneficios podría afectar la equidad en la
distribución de regalías. Partiendo del principio de que “BMI no es
propietaria de los derechos de autor ni de otros activos; es una entidad de
concesión de licencias de derechos de autor propiedad de compositores y, por
extensión, editores, por lo que los compositores tenemos derecho a entender
estas decisiones y cómo nos afectan” según se lee en la carta, plantean preguntas
tan elementales como:
- Si BMI vende, ¿recibirán los compositores parte de los ingresos de la venta?
- Si BMI vende, ¿recibirán las emisoras de la Junta Directiva de BMI los ingresos de la venta? (muchos broadcasters forman parte del directorio)
- Si es así, ¿por qué deberían los organismos de radiodifusión ser los mayores beneficiarios de la venta de una empresa cuyo único activo son las canciones que pertenecen a los compositores?
- Las empresas de capital privado tienen objetivos agresivos de retorno de la inversión. Dado que BMI tendría fines de lucro, los propietarios de capital privado exigirán mayores ganancias para cumplir con sus expectativas. ¿Cómo pueden los compositores estar seguros de que los propietarios de capital privado de BMI no generarán más ganancias para sí mismos a expensas de los compositores?
Los compositores, en su carta,
solicitan garantías de que el compromiso tradicional e histórico de BMI con la
justa compensación para los creadores, no se verá comprometido en aras de las
ganancias comerciales, ya que ante tal cambio se corre el riesgo de que prevalezcan
los intereses comerciales sobre la misión original de proteger y promover los
derechos de autor de los creadores musicales, más aún cuando ya se sabe que la firma de
inversión New Mountain Capital “liderará un grupo de accionistas” para adquirir
BMI, dentro de los cuales también figura
Capital G, un fondo de inversión de crecimiento perteneciente a la
matriz de Google, Alphabet, aunque declaran que cumplirá un rol de
inversionista pasivo.
Ahora bien, este trance -por
cierto- no es nada fácil; según las leyes estadounidenses, una SGC sin fines de
lucro puede transformarse en una entidad con fines de lucro bajo condiciones
específicas, como la aprobación de la mayoría de los miembros y la
conformidad con las leyes. Aparte, la
entidad debe demostrar que esa conversión es en interés de sus miembros y no
entra en conflicto con los objetivos originales de la organización, con lo
cual la transparencia y las comunicaciones de BMI son cruciales para lograr ese
cambio, cosa que hasta el momento creo que no logran pues las respuestas de su
CEO a esas inquietudes no llegan a ser del todo específicas, sino más bien
generales, acrecentando los temores. Este
marco legal, si bien les facilita a las entidades la posibilidad para
evolucionar en respuesta a cambios musicales y tecnológicos, también plantea
preguntas sobre cómo equilibrar la búsqueda de beneficios con la salvaguarda
de los principios fundamentales de una SGC, marcando un desvío muy significativo
en la filosofía tradicional de las SGC.
El destino de BMI y otras
organizaciones similares a nivel mundial se encuentra en un momento crítico,
donde la comunión entre los objetivos comerciales y la salvaguarda de los
derechos de autor influirá en el color de una próxima etapa en la gestión
colectiva de derechos de autor. En estos tiempos de cambio constante, el reto está
en tratar de alcanzar el balance apropiado que permita preservar la esencia
fundamental de las creaciones musicales.
Noviembre 2023
